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Escribe Federico Muñoz: Río Turbio, historia de un despropósito

Documentos Especiales Mining Press

MINING PRESS/El Cronista

FEDERICO MUÑOZ*

La era kirchnerista fue pródiga en ejemplos de dislates y mala praxis en la gestión pública. Pero debe de haber pocos casos más representativos del desquicio en el accionar estatal que el del manejo de la mina de carbón de Río Turbio.

YCF, la vieja empresa estatal que explotaba la mina, tuvo su etapa de auge hacia 1980 cuando llegó a extraer 1,5 millones de toneladas de carbón al año. Luego la producción ingresaría en una irremontable declinación por culpa de la obsolescencia tecnológica: el carbón tendió a ser reemplazado por fuentes energéticas más baratas y limpias (v.g. el gas natural).

YCF fue privatizada en los 90 (se convirtió en YCRT), pero sus problemas lejos de resolverse se agudizarían. Tras el colapso de la Convertibilidad, la empresa entró en convocatoria y en 2002 volvió a la esfera estatal bajó la figura jurídica de una intervención; esquema que perdura hasta la actualidad.

En 2004 ocurrió un hecho trágico que, de alguna manera, signaría el destino de la empresa: un incendio en la mina se cobró la vida de 14 mineros. Tras ese evento, el por entonces presidente Néstor Kirchner se sintió en la obligación de asistir generosamente a la población de Río Turbio. Así, en 2006, surgió la idea de construir una central de generación termoeléctrica en el pueblo para crear una fuente de demanda de carbón que, de otra manera, nunca llegaría. El proyecto implicaba además la reconversión y puesta en valor de la mina para que pudiera producir los 2 millones de toneladas de carbón necesarios para abastecer la central.

Estos son, a grandes rasgos, los antecedentes de lo que terminaría siendo como veremos a continuación una gestión estatal caracterizada por la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción. La evidencia estadística que sigue fue tomada de un minucioso informe elaborado por el colega Alejandro Einstoss en base a las auditorías de Sindicatura y la AGN y demás datos oficiales.

Durante toda la década posterior al accidente, las gestiones Kirchner canalizaron una enorme cantidad de recursos, tanto para sostener la operación de la mina como para la construcción de la central. Entre 2006 y 2015, las transferencias nacionales a Río Turbio totalizaron más de u$s 5100 millones.

Pese a este enorme flujo de recursos, la producción de la mina estuvo muy lejos de acercarse a las proyecciones trazadas por la gestión kirchnerista. En ningún año entre 2011 y 2015 se extrajeron más de 250.000 toneladas, pese a que el plan oficial era alcanzar las dos millones de toneladas anuales necesarias para abastecer a la central térmica funcionando a régimen.

En cualquier caso, el carbón no ha sido necesario pues la central nunca entró en funcionamiento. La construcción de la usina se licitó a fines de 2007 por un costo de u$s 810 millones y debía ponerse en marcha a fin de 2011. Pero al día de hoy, sigue sin producir energía, a pesar de que ya se han transferido a Río Turbio más de u$s 2700 millones por ese concepto.

Cabe recordar además que, en vista de las magras perspectivas productivas del yacimiento, Julio De Vido ordenó en 2014 la adaptación de la central para que también permitiera el funcionamiento a gas natural. Vale decir: la usina que pretendía justificar la supervivencia del yacimiento carbonífero operará parcial o totalmente a gas (si es que algún día se termina).

Finalmente, y siempre siguiendo a Einstoss, echamos un vistazo a los llamativos balances de YCRT entre 2012 y 2014. En ellos se puede apreciar que la mina prácticamente no tuvo ingresos operativos por la venta de carbón. La casi totalidad de sus recursos provinieron de transferencias estatales. El poco carbón que se extrajo se utilizó para abastecer la pequeña central térmica que hoy brinda energía a la mina y a Río Turbio. Sin embargo, pese a la virtual parálisis productiva, la firma incrementó generosamente el plantel de trabajadores: de 2300 en 2012 a 2900 en 2014. El gasto de personal en este último año fue de u$s 293 millones; lo que lleva a inferir que, en promedio, el costo anual de cada empleado rondó los u$s 100.000.

Un dato adicional: la tonelada de carbón vale en la actualidad poco más de u$s 60 en el mercado internacional. Suponiendo que se alcanzara la producción proyectada de dos millones de toneladas al año (lo que supondría multiplicar por ocho la producción de 2012, récord de la última década) y que esta se valuara al precio internacional, YCRT obtendría ingresos por unos u$s 120 millones al año; recursos que no bastarían siquiera para cubrir la mitad de sus gastos de personal.

Nótese que, hasta aquí, no hemos hecho mención a la corrupción como eje de los problemas, a pesar de que Julio De Vido está hoy en la cárcel precisamente por los muy opacos manejos de gastos en YCRT canalizados a través de una fundación de la Facultad Río Gallegos de la UTN. Es que el despropósito de Río Turbio dista mucho de agotarse en la evidente falta de transparencia. En rigor, lo actuado en aquel rincón del país entre 2005 y 2015 fue un dechado de decisiones completamente reñidas con la racionalidad económica que además al ser ejecutadas con impericia y deshonestidad, terminaron conformando un ejemplo de libro de mala praxis estatal.

* Titular de Federico Muñoz & Asociados

 

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