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ANÁLISIS

Falsas denuncias: La opinión de La Nación sobre Petrobras y Pampa

ENERNEWS

La que sigue es una columna editorial del diario La Nación, de Buenos Aires, titulado "Falsas denuncias": 

Hay algunos políticos que parecen empeñados en aumentar su popularidad a cualquier precio. Presumiendo de alertas y vigilantes, pero en verdad más allá de lo sensato y razonable, tratan de entorpecer y judicializar la gestión de quienes pertenecen a otro espacio político en busca de una espectacularidad que puede volverse en su contra, tal como lo demuestra un caso reciente.

Se trata de las insólitas por inconsistentes- denuncias de los diputados nacionales Rodolfo Tailhade (FpV) y Victoria Donda (Movimiento Libres del Sur) ante el juez Claudio Bonadio, por las que se llamó a indagatoria al titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta vinculado con la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y de los Fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensionas (AFJP) que funcionaran en los 90, luego absorbidas por el Estado.

Las absurdas denuncias incluyeron la acusación contra el propio presidente de la República quien naturalmente tampoco tuvo que ver con lo acontecido, lo que habla de la mala fe o la ignorancia con la que se formulan acusaciones. Concretamente, se cuestionó la venta de la participación estatal en el capital social de la filial argentina de la petrolera brasileña Petrobrás Argentina, a raíz de la adquisición de esa empresa por parte de Pampa Energía, sociedad que ya era titular del 67% de las acciones.

Frente a la Oferta Pública Obligatoria que generó la venta de Petrobrás Argentina, siendo que la participación de la Anses ascendía al 11,85% del paquete, debió forzadamente considerar posibles opciones. O se vendían las acciones en cuestión, como efectivamente se hizo, o se aceptaba ser parte de la referida fusión y se recibían a cambio acciones de Pampa Energía, a razón de 0,52 por cada 1, licuando drásticamente su participación en la sociedad continuadora, lo que podía reflejarse en una eventual caída de su precio que terminara siendo aún más desacertado para la Anses.

Cabe señalar que finalmente esa administración vendió las acciones que conformaban la referida participación minoritaria en Petrobrás Argentina, por $10,37 por acción, cuando la cotización de mercado era notablemente inferior, pues en ese momento rondaba los $8,85, valor que se mantuvo durante los dos meses posteriores a la aceptación de la oferta.

Al avanzarse en la fusión de la filial brasileña con Pampa Energía, con el paso de los meses la compradora llevaba compradas acciones por el 90,40% del capital cuando el juez le prohibió realizar cualquier acción tendiente a concretar la fusión. Debe tenerse en cuenta que el juego de oferta y demanda que establecen los valores de venta estaba claramente distorsionado por una situación de transición en la instancia de fusión. A medida que se reducía la cantidad, el activo se tornó una especie apetecida, de muy poca disponibilidad y muy pocas operaciones aunque sugestivamente la cotización trepó hasta los $18, precio que no parece razonable, pues esas compras no podían despertar interés en el mercado. La transición se extendió por cinco meses.

No hay razones valederas para denunciar por inconveniente y, menos aún, por fraudulenta, la cuestionada venta, máxime cuando la acusación surge con tanta posterioridad a la operación y ante una situación claramente diferente. Tampoco corresponde calificar de "sacrificio" la venta de los activos a valores razonables al momento de concretarse, en tanto lo ingresado quedó inmediatamente disponible para otras inversiones con mejores perspectivas de futuro.

En lugar de rechazar inmediatamente estas falsas denuncias, los jueces deberían promover acciones contra quienes las inician y ser severos con los que usan a la Justicia para esos fines espurios.

Frente a la deteriorada imagen de muchos de nuestros políticos, los ciudadanos debemos evitar caer en el juego de quienes, deliberada e infundadamente, buscan ensuciar a funcionarios probos y honestos. Así como, por el bien de la República, hemos de apoyar que la Justicia separe a quien no haga honor a la función, no podemos permitir que prosperen acusaciones con fines deleznables.

 

FP/JC

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