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ANÁLISIS

Escribe Montamat: Los dos bolsillos de la factura energética argentina

ENERNEWS/ Clarín

DANIEL MONTAMAT

Los subsidios energéticos indiscriminados, el año pasado, rondaron los u$ 6.000 millones.

Imaginemos que vamos a la panadería a comprar unas hogazas de pan que cuestan 100 pesos y que al panadero le pagamos sólo 10 pesos en la aceptación recíproca que los otros 90 pesos se los transferirá un funcionario público “con fondos del Estado”.

El cliente se va con la convicción que el pan le cuesta a él sólo 10 pesos, y el panadero asume con angustia el divorcio del pago que cancela la operación esperando los otros 90 para que cierre su ecuación económica.

Si los 90 pesos no quedan debidamente documentados, o se demora el cheque de la administración pública, ni podrá contabilizar su crédito, ni tendrá caja para seguir con el negocio.

Los registros contables exhibirán un patrimonio neto negativo y la viabilidad financiera de la panadería quedará comprometida para conseguir crédito. El panadero tratará de sobrevivir, pero es seguro que en estas condiciones de incertidumbre ni amplía su negocio, ni renueva su maquinaria.

El engaño equivalente del pan a 10 pesos, digno del Mefistófeles del Fausto, dominó la producción, el transporte y la distribución de electrones y de moléculas de gas en la década del relato. Sin embargo, todavía hay opinantes en los medios y en vastos sectores de la política y la economía, que le siguen diciendo a este hipotético comprador, que los 90 pesos que deberá transferirle el Estado al panadero son un paga Dios, un regalo que no sale de ningún otro bolsillo.

La gran falacia populista en torno a los subsidios es hacerle creer a la gente que nadie los paga, o, peor, que son regalos del Príncipe: de Cristina antes, o de Mauricio ahora. Los subsidios los pagamos todos los argentinos con el bolsillo de contribuyente de impuestos, y si los impuestos para pagar los hipotéticos 90 pesos restantes no alcanzan para hacerle el cheque al panadero, también lo seguiremos pagando con el peor de todos los impuestos, el impuesto inflacionario que grava sobre todo la tenencia de pasivos monetarios no remunerados.

El bolsillo del argentino de a pié, es el que más sufre. Podemos seguir hipotetizando. Si para pagarle los 90 pesos el Estado emite papel pintado como moneda gravando a los argentinos con el tributo de la desvalorización monetaria, la misma hogaza de pan que costaba 100 pesos pasará a costar en un tiempo 150 pesos.

Puede que el Gobierno instruya al panadero a seguir cobrando 10 pesos, y en tal caso deberá compensarlo por los restantes 140. Eso divorciará más el precio del pan de sus costos, pero no para la suba de los otros precios relativos (leche, carne, verdura, alquiler, remedios, etc) exacerbados por la inflación atizada por esta gran estafa de política pública.

Cuando esta administración tuvo que hacerse cargo de la herencia energética sin beneficio de inventario, las tarifas eléctricas cubrían alrededor del 10% de los costos de generación de electrones, y las de gas un 20% de los costos de provisión de gas.

Pero basta de engaños, el resto de los costos también los pagábamos los argentinos fondeando los subsidios con impuestos o con la desvalorización de nuestros ingresos monetarios. Los subsidios energéticos indiscriminados, que favorecieron más a los ricos que a los pobres ascendieron a 20.815 millones de dólares en el 2014, en el 2015 fueron de 18.371 millones y se redujeron a 8803 millones en el 2017.

El año pasado rodaron los 6000 millones de dólares. El presupuesto aprobado del 2019 prevé subsidios de unos 5.500 MMU$S para el 2019 (alrededor del 15% para gas, y 85% para solventar los costos de la electricidad mayorista). Es obvio que para reducir subsidios hay que recomponer las tarifas para que reflejen sus costos económicos. Lo que muchas noticias falsan esconden, es la correlación entre la suba de subsidios y el bolsillo del contribuyente.

La otra media verdad en este debate que se quiere instalar como tema de campaña es que las subas tarifarias tienen que acompañar el ritmo de las subas salariales. ¿Sensibilidad social o sofisma politiquero?

Entre diciembre de 2001 y diciembre del 2015 el índice general de precios creció 1392%, el índice de evolución de salarios creció 1658%, pero la factura de gas (por tomar un ejemplo) para la categoría residencial R1 aumentó sólo un 175%.

Semejante atraso traía aparejado un reacomodamiento de precios relativos donde también era obvio que las tarifas crecerían un tiempo por encima de los salarios. Por lo traumático de la distorsión se usaron dos amortiguadores: la recuperación gradual del atraso relativo y la tarifa social (que no existía en la era K) para proteger a los usuarios vulnerables.

Todavía hay subsidios en el gas (precios de incentivo a la producción no convencional) y a la electricidad mayorista (casi el 50% de su costo). Hay 4.3 millones de usuarios eléctricos y 2 millones de consumidores de gas con tarifa social.

Lo más grave de retrotraer tarifas y aumentar subsidios indiscriminados es que se vuelve hacer pagar al conjunto de los argentinos con su bolsillo de contribuyentes los consumos de electrones y moléculas de una parte. Injusto y de probada ineficiencia. Lo conducente a morigerar ajustes es aumentar la oferta energética y reducir sus costos. Con inversiones millonarias. Lo demás es argucia populista.

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