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POLÍTICA Y MINERÍA

Conflicto Codelco-Contraloría: Para Cochilco, falta un ente fiscalizador

Cochilco por conflicto Codelco-Contraloría: “El Estado necesita un ente fiscalizador”

MINING PRESS/Pulso

En su primer borrador, la comisión investigadora por la estatal aconseja fortalecer las atribuciones de la comisión a través de cambios legales.

De buena forma se tomaron al interior de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) que la Comisión Investigadora para analizar los contratos entre partes relacionada en Codelco esté incluyendo dentro de sus recomendaciones una modernización de la institución.

Y es que si bien desde Cochilco remarcan que sólo cuentan con los trascendidos de que este punto sería incluido dentro de las conclusiones de la instancia; valoran positivamente que los diputados busquen actualizar las facultades del ente encargado de fiscalizar a Codelco. “Nuestras facultades sancionatorias son muy limitadas.

Se limitan a sancionar cuando las entidades fiscalizadas no nos entregan los antecedentes que requerimos para nuestras auditorias o en nuestras recomendaciones de inversión de proyectos. Tampoco podemos investigar más allá que las facultades de un mero auditor por un dictamen de Contraloría, que nos impide investigar salvo cuando la Contraloría nos instruye”, indicó el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández.

De acuerdo al borrador publicado por PULSO, dentro de las recomendaciones que estaría analizando la comisión investigadora se aconseja la modernización vía ley de la entidad comandada por Hernández. Entre los aspectos que se proponen, se incluye una modificación a la designación de los integrantes del Consejo Superior de Cochilco, el que actualmente es presidido por el ministro de Minería e integrado también por el ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas, entre otros. Además, se sugiere ampliar su poder sancionatorio. Junto con aquello, se consideró relevante que Cochilco cuente con ayuda externa para llevar adelante su fiscalización, por ejemplo, a través de la contratación de auditores externos.

Según explicó Hernández, si bien la normativa actual de la entidad -que data de 1976- permite contratar asesorías, los recursos con los que cuentan para ello son limitados. Se trata de alrededor de $30 M al año. “Eso lo usamos principalmente para apoyo en temas informativos que son muy frecuentes y caros en el mercado, y para la contratación de estudiantes en práctica”, comentó. Respecto a eventuales cambios en la composición del Consejo Superior, dice no tener competencia para opinar.

Con todo, asegura que las recomendaciones iniciales de los parlamentarios son una señal hacia una modernización del organismo. “Es reconocer que Cochilco necesita estas facultades mayores porque nuestra fiscalización es especializada, va más allá de una normativa y de legalidad”. Y agregó: “El Estado como dueño necesita un ente fiscalizador que sea sus ojos en el control de las operaciones de la compañía de la que es dueño. No hay ningún conflicto de interés, todo dueño tiene derecho a fiscalizar la compañía de la que es propietario”.

Consultado Codelco sobre las conclusiones preliminares de la comisión, declinaron realizar comentarios al respecto.

Consejo Minero envía mensaje al próximo Gobierno

“Es indispensable que las nuevas autoridades no consideren el Ministerio de Minería un premio de consuelo, o una mención honrosa”

Con estas palabras, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, cerró su intervención en el seminario Desarrollo Sustentable: El Rol de la Minería, organizado por el mismo gremio.

Durante su discurso, Villarino también abordó las temáticas que serán claves para la minería en el futuro como la sustentabilidad y la coordinación de las instituciones públicas

 


 

Borrador de comisión investigadora da razón a
Contraloría en conflicto con Codelco

PULSO

La instancia legislativa recomienda una ley para dar autonomía y un mayor poder fiscalizador a Cochilco, así como fortalecer la normativa interna de la estatal. Además, remarca que debe regirse bajo la Ley de Compras Públicas.

Tras más de seis meses de trabajo, y luego de una serie de acusaciones cruzadas entre la estatal Codelco y Contraloría, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de analizar los contratos entre partes relacionadas al interior de la minera durante los últimos 17 años finalmente tiene un primer borrador con sus conclusiones.

En un documento de 34 páginas al que tuvo acceso PULSO, los parlamentarios fueron lapidarios con la empresa pública comandada por Oscar Landerretche. En resumen, no sólo concuerda con Contraloría y asegura que este organismo tiene facultades para ejercer el control sobre Codelco, junto con permitirle la autonomía presupuestaria. Además, también zanja la discusión de fondo entre si la estatal debe regirse por la Ley de Sociedades Anónimas o por la Ley de Compras Públicas, estableciendo que debe hacerlo por este última, descartando la necesidad de un estatuto interpretativo para aclarar las normativas bajo las cuales debe regirse la cuprífera, como había solicitado el presidente del directorio,

La comisión investigadora llegó a 16 conclusiones. Entre ellas, que al momento de realizar contratos, Codelco debe recurrir a la licitación pública por sobre los concursos privados y las asignaciones directas. En forma excepcional, agrega que si se debe incurrir en una asignación directa, se debe -como indica la Ley de Compras Públicas aplicables a empresas de Estado- informar a la Cámara de Diputados y a la Contraloría.

Además, se indica que “no existe discusión” acerca de que los organismos que deben fiscalizar a la minera son la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Contraloría y la Cámara de Diputados. “(Se) ha arribado al consenso que, si bien la empresa está sometida a la fiscalización de distintos organismos, cada uno de ellos se aboca a distintos ámbitos, los cuales no se superponen entre sí”, se indicó en el borrador. 

Adicionalmente, si bien destaca los controles internos que se han incluido al interior de Codelco -como la norma para personas políticamente expuestas o relacionadas- sostiene que estas sólo son una primera línea de control; y que es necesario que organismos externos como Cochilco tengan un rol activo en la fiscalización, y en casos excepcionales, se haga parte la Contraloría. Además, recomienda fortalecer a Cochilco, aunque -se plasma en el borrador- existe consenso en que se deben revisar las facultades fiscalizadoras de Cochilco respecto a la estatal.

 

Las principales medidas para Codelco

Considerando lo anterior, desde la comisión plantean cuatro conclusiones. La primera hace referencia a materias relacionadas con la información obtenida en el dictamen 900 de Contraloría, el que cuestionó una serie de operaciones entre partes relacionada. Así, propone que la estatal haga suyas las observaciones realizadas por Contraloría, y -en línea con las conclusiones- se privilegie la contratación a través de licitaciones públicas, al tiempo que se descarta la necesidad de una norma interpretativa. 

Un segundo punto busca la mejora en las operaciones de Codelco. Al respecto, se propone fortalecer la Ley de Gobierno Corporativo; regular en detalle las extensiones de contratos mediante asignaciones directas, estableciendo asimismo causales específicas y calificadas. También se aconseja establecer un registro digital especial actualizado sobre los contratos y contrataciones de Codelco, para facilitar la labor fiscalizadora de Cochilco y demás entes fiscalizadores.

Un tercer punto se refiere al fortalecimiento de Cochilco, para lo cual sería necesario una nueva ley. Al interior de dicha normativa se deberá incluir una modificación de la designación de los integrantes del Consejo Superior de Cochilco, el que actualmente es presidido por el ministro de Minería e integrado también por el ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas, entre otros. “Es necesario acotar la participación de los colaboradores directos del Presidente de la República únicamente al ministro de Minería”, se indicó.

Además se propone ampliar su poder sancionatorio, permitiéndole aplicar multas en caso de infracciones, y se aconseja entregar herramientas para que Cochilco pueda contar con ayuda externa para llevar adelante su fiscalización, como la contratación de auditores externos.

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